Esta es la principal conclusión del informe Acreditación de la lengua inglesa en las universidades españolas, cuya actualización se ha presentado en la Embajada de Reino Unido en España. En el estudio, encargado por el British Council y realizado por los profesores de la UAH, Alberto Lázaro y Ana Halbach, han participado 50 Universidades.
En la presentación, que ha contado con la presencia de más de medio centenar de expertos educativos de diferentes ámbitos, se han expuesto los últimos datos de una investigación, cuya primera publicación fue en 2010, a raíz de la puesta en marcha del Espacio Europeo de Educación Superior (EEES), cuyo principal objetivo era facilitar la movilidad de estudiantes, profesorado y titulados entre los países de la Unión Europea.
Los profesores Ana Halbach y Alberto Lázaro de la Universidad de Alcalá (UAH), a iniciativa del British Council, realizaron este informe para analizar cómo afrontaba entonces la universidad española la necesidad de fomentar el conocimiento de una lengua extranjera y la manera de acreditar estos conocimientos.
Las primeras conclusiones pusieron de manifiesto una gran diversidad y, a veces, confusión y contradicciones, no solo en cuanto a los requisitos de nivel de inglés establecidos por las universidades, sino también en los procesos de acreditación de estos niveles. Entonces, el estudio, señalaba la necesidad de homogeneizar criterios y de planificar una política lingüística uniforme entre las diferentes instituciones.
“Actualmente la universidad española apuesta fuertemente por fomentar la adquisición de la competencia en una lengua extranjera, no sólo entre los estudiantes, sino también entre el profesorado y el personal de administración y servicios, pero harían falta más medios y formación tanto para profesores como para alumnos”, han señalado Lázaro y Halbach.
Entre los aspectos positivos, los expertos destacan la existencia de centros de lenguas en todas las universidades estudiadas (40 públicas y 10 privadas), la provisión de cursos de formación lingüística, la oferta de asignaturas impartidas en lengua inglesa, que también responde a una apuesta por la internacionalización de la universidad, así como la oferta de exámenes de nivel de lengua extranjera y la creación de un listado de los mismos, reconocido por la CRUE.
Por otra parte, desde el primer estudio en el año 2010, señalan que se han producido avances significativos en relación con el establecimiento de los requisitos a graduados, siendo una mayoría las universidades que ahora exigen un nivel mínimo.
“En estos momentos, la situación ha mejorado gracias, entre otros factores, a una mayor coordinación a través de órganos como la CRUE y ACLES, pero todavía queda trabajo por hacer si queremos asegurar la necesaria calidad en la universidad y crear un sistema más equitativo para todos los estudiantes”, puntualizan.
“Aunque se ha extendido notablemente la oferta de materias, e incluso grados, que se pueden impartir en inglés, la apuesta por esta docencia no está siempre sustentada en un sistema de exigencia que asegure su calidad, ni está acompañada de medidas que ayuden al profesorado a alcanzar la competencia necesaria para poder incorporarse a este tipo de docencia”, señalan.
Para Mark Levy, Director de Programas de Inglés del British Council, “hay que incentivar a alumnos y profesores con los medios necesarios para poder defenderse en otro idioma. Se necesita que los profesores tengan el nivel suficiente, pero también que cuenten con una formación metodológica adecuada para poder impartir los conocimientos de una asignatura en otro idioma”.
Por otra parte, los autores aconsejan desarrollar una política lingüística clara, cuya ejecución y supervisión esté a cargo de un órgano creado para este fin en cada universidad e instan a las instituciones a implicarse más.
“El Ministerio de Educación, Cultura y Deporte debería asumir un papel más protagonista a la hora de establecer una clara coordinación entre las administraciones educativas de las distintas comunidades autónomas y elaborar una normativa única, clara y coherente”, señalan.
Proponen además, aplicar criterios de calidad para la acreditación de los niveles de lenguas extranjeras, en especial para los procesos internos de la universidad.
“Convendría que todas las universidades destinaran una partida presupuestaria suficiente a la acreditación lingüística, de manera que la instancia encargada de verificar el nivel de lengua extranjera de los estudiantes, profesores y PAS, pueda utilizar las pruebas reconocidas por la Mesa Lingüística de la CRUE, y no tener que renunciar a ello por el excesivo coste de las mismas”, afirman.
“Esta medida serviría también para evitar encarecer, en la práctica, el coste de los estudios universitarios para los estudiantes que deben acreditar un nivel de lengua para poder finalizar sus estudios”.
El estudio también anima a las universidades a subvencionar cursos de formación en lengua extranjera tanto para estudiantes que necesiten acreditar un nivel de competencia superior al B1 de entrada para la obtención del título de grado; como para profesores y personal de administración.